Preguntas Frecuentes sobre Compliance

No, el  plan tiene que ser idóneo, adecuado a la empresa para prevenir los delitos que por su actividad se puedan cometer y su aplicación en la empresa tiene que ser controlada por el  “compliance officer”.

Así mismo, se exigen otras condiciones que deben concurrir y depende del tipo de persona física que haya cometido el delito: subordinado o quienes ostentan las mayores responsabilidades.

Hay que tener claro que el legislador no pretende que el Modelo de Prevención de Delitos sea un puro formalismo o el mero cumplimiento formal de una norma, sino que forme parte de la cultura de la empresa y sea efectivo.

La integración del MPD dentro de la estructura de la empresa y su eficiencia vendrá determinada esencialmente por su conocimiento interno y por su aplicabilidad real.

Sí. Si la persona jurídica no cuenta con un MPD, no se puede dar el supuesto de exención de responsabilidad penal. La empresa sería penalmente responsable.

No, ninguna disposición legal exige la implantación de un Plan de Cumplimiento Normativo. Sin embargo, la existencia de este plan es una condición, sine qua non, para la exención de la responsabilidad penal de la empresa.

El tamaño o el sector de la empresa no es lo relevante en estos casos. Afecta a todas las empresas que son personas jurídicas, PYMES incluidas.

El Cumplimiento Normativo consiste en establecer las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que una empresa, incluidos sus directivos, empleados y agentes vinculados, cumplen con el marco normativo aplicable. Dentro del marco normativo no han de considerarse únicamente las normas legales, como leyes y reglamentos, sino que también deberían incluirse en el mismo las políticas internas, los compromisos con clientes, proveedores o terceros, y especialmente los códigos éticos que la empresa se haya comprometido a respetar, pues existen multitud de casos en los que una actuación puede ser legal pero no ética.

Además, es un instrumento de las empresas para garantizar sus derechos como personas jurídicas ante los tribunales en el caso de una comisión de delito por parte de las personas físicas que integran su estructura.